Báñez apoya un informe que propone bloquear el dinero de las indemnizaciones por despido



El estudio, de dos expertos de la Fundación de Estudios Financieros, sugiere que el dinero podría destinarse a la formación de los trabajadores despedidos.

Se ingresaría en una cuenta y, cuando la persona encontrara trabajo, esta se quedaría con el remanente; sería una forma de control y de incentivo, explican.


Dicen que en España hay "corruptela" con el cobro de indemnizaciones; la ministra de Empleo ha asistido a la presentación y ha clausurado el acto.


La ministra de Empleo, Fátima Báñez. (EFE)



La Fundación de Estudios Financieros (FEF) ha abogado por destinar la indemnización por despido a la formación del parado, de manera que éste podría quedarse con el remanente de esos fondos una vez que encuentre trabajo. 

Esta es una de las propuestas del informe que FEF ha presentado bajo el título Acabar con el paro, ¿queremos?, ¿podremos?, elaborado por Pilar García Perea y César Molinas y que ha contado con la presencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. 
La coautora del estudio, Pilar García Perea, ha admitido que es una propuesta "polémica", pero ha defendido que la indemnización por despido se destine a financiar la búsqueda activa de empleo, de manera que el dinero se ingrese en una cuenta a nombre del trabajador para financiar "lo necesario" hasta que encuentre empleo y, una vez logrado, el remanente de fondos quede a su disposición. 
Esta es una de las medidas que proponen para acabar con la "anomalía" del desempleo en España, cinco o diez puntos superior históricamente a la media europea, y que en su opinión no es resultado de causas económicas sino que es producto de razones estructurales como leyes en vigor, instituciones y prácticas disuasorias en la creación de empleo.

Evitar "conceptos obsoletos"


El estudio dice, entre otras cosas, que en España "es frecuentísima" la "corruptela" del cobro doloso de la indemnización por parte de trabajadores "que tienen otra oferta de empleo, que han decidido aceptarla y que exigen al empresario, típicamente de una pequeña empresa, que les despida para poder cobrar la indemnización bajo la amenaza de provocar mal ambiente de trabajo durante el tiempo que haga falta si no son despedidos".

También añade que la medida tendría que adecuarse a la complejidad de las distintas situaciones personales, como edad, esfuerzo en intentar encontrar trabajo, obstáculos para la consecución del mismo, etc. En cualquier caso, los autores sí consideran necesario que el carácter finalista se pusiera en marcha como forma de control y como incentivo para el trabajador; asimismo, apuntan, no supone un incremento de costes y "sigue penalizando a las empresas por el hecho de despedir".

El estudio sostiene que en España "existe la percepción de que la indemnización por despido improcedente es un derecho adquirido y en consecuencia el trabajador tiende a reclamarla incluso en el caso de baja voluntaria". En opinión de los autores, si la indemnización por despido es elevada, supone "quizá" una "distorsión" a la hora de intentar reducir el paro de larga duración de nuestro país. 
Esto es, según su criterio, porque "tiene un efecto renta importante que desincentiva la intensidad de búsqueda de empleo, favorece la aparición del paro de larga duración y acaba provocando la descualificación del trabajador, dificultando su reincorporación al mercado de trabajo y propiciando que acabe viviendo de una subvención asistencial".

Según el presidente de FEF, Juan Carlos Ureta, el objetivo del estudio es "ir más allá de las buenas intenciones y de las palabras" y entrar "en la economía del siglo XXI" evitando "conceptos obsoletos" y debates del siglo XIX. El estudio apunta que existe "una fuerte resistencia en determinados grupos de nuestra sociedad a cualquier reforma sustantiva". 

El experto César Molinas ha criticado a sindicatos y patronales, que "habían vivido (durante el franquismo) muy cómodos en el sindicato vertical", pero que han seguido con prácticas hasta nuestros días que dan "una tremenda rigidez" al mercado laboral.

Aseguran que la urgencia de la acción viene motivada por el envejecimiento demográfico, la globalización, la digitalización y la robotización y alertan de que es posible que la economía global hay entrado en el terreno del "estancamiento secular".

Reducción del activismo judicial


Entre sus propuestas, los autores recomiendan reducir el "excesivo activismo judicial", que en su opinión "limita enormemente la gestión empresarial, y sugieren ampliar a los despidos individuales la mediación que existe en los despidos colectivos. 
También proponen extender los convenios colectivos extra estatutarios porque las pymes se ven muy afectadas por tener que guiarse "por carácter de ley" con lo que se pacta en el convenio de sector. Asimismo, FEF defiende racionalizar las modalidades de contratación en un contrato unificado en el que todos tengan las mismas normas de indemnización, ligada a la antigüedad. 
Por otro lado, indican que se debe actuar en el sistema educativo para mejorar el capital humano ya que, según los autores, en el contexto laboral del futuro "habrá que cambiar de trabajo con frecuencia", y proponen reformas para aumentar la competencia y la meritocracia, cambiar los métodos de enseñanza y una mayor permeabilidad entre la formación profesional y la general.